Cáceres criticó el convenio de movilidad judicial en Catamarca

El ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, rompió el silencio institucional y cuestionó con dureza el convenio de movilidad laboral suscripto entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial, al advertir que el acuerdo abre vías preferenciales que ponen en riesgo la independencia del fuero.

Cáceres, el integrante de mayor antigüedad del supremo tribunal provincial, basó su cuestionamiento en argumentos constitucionales y jurisprudenciales y señaló consecuencias políticas y administrativas del mecanismo aprobado. Sostuvo que la disposición beneficia a empleados del Ejecutivo y del Legislativo por encima de profesionales que compiten por cargos judiciales mediante concursos abiertos.

Fundamento jurídico

El ministro apeló al artículo 206 inciso 3 de la Constitución provincial, que atribuye a la Corte la facultad exclusiva de nombrar y remover al personal subalterno de la administración de justicia. Recordó además la Acordada N° 4669, dictada por la propia Corte en febrero de 2024, que reafirmaba esa competencia. Según Cáceres, sin embargo, la Corte validó posteriormente un esquema que contradice ese principio.

En ese sentido planteó: «¿Qué valor poseen las declaraciones institucionales de la Corte cuando es la propia Corte quien las abandona frente a las exigencias del poder político?». También cuestionó la forma del convenio: fue suscripto por el presidente del tribunal, pero la Corte es «un órgano colegiado» y la voluntad de un órgano colegiado no puede reducirse a la firma de quien ocupa la presidencia de manera circunstancial, sostuvo.

Críticas a la cláusula de antigüedad

El ministro dirigió su crítica central a la cláusula quinta del convenio, que reconoce la conservación de la antigüedad adquirida en la administración pública provincial para los agentes incorporados, sin distinguir funciones ni exigir vinculación con la actividad judicial. Cáceres recordó precedentes internos, entre ellos la postura sostenida por la entonces ministra Amelia Sesto de Leiva, según la cual solo procedía el reconocimiento de antigüedad cuando las funciones guardaban relación efectiva con la actividad judicial.

Para Cáceres, la nueva disposición contradice esa doctrina y su objetivo sería claramente político: permitir que agentes del Ejecutivo y del Legislativo ingresen al Poder Judicial conservando antigüedad que impactará en remuneraciones y beneficios previsionales, aprovechando las condiciones del régimen salarial judicial. «Esta cláusula constituye probablemente uno de los aspectos más graves de todo el esquema aprobado», advirtió.

Consecuencias institucionales y advertencias

El ministro advirtió que el acuerdo facilita un proceso de «copamiento institucional» cuando el poder político logra insertar operadores propios dentro de la estructura judicial mediante mecanismos preferenciales y encuentra legitimación dentro del propio tribunal. En su diagnóstico subrayó que el deterioro institucional suele darse por concesiones sucesivas y que, en ese contexto, «el silencio nunca es una opción».

Para cerrar su intervención citó al histórico dirigente don Vicente Saadi: «esta medida es para el bien de todos, y para el mal de nadie», y lo usó como advertencia irónica sobre el alcance del convenio. Cáceres dejó así planteada una discusión que combina argumentos de derecho, precedentes internos y una denuncia explícita de intencionalidad política, con posibles efectos sobre su credibilidad institucional y las condiciones laborales en la administración de justicia.