Informe de Prisoners Defenders: Cuba registra 1.281 presos políticos

La organización Prisoners Defenders contabilizó 1.281 presos políticos en Cuba al cierre de mayo, tras documentar 28 detenciones durante ese mes y la muerte bajo custodia del preso Ernesto Brieva Sempé. El balance refleja un crecimiento sostenido de la represión, dijeron desde la ONG, pese a las excarcelaciones publicitadas por el régimen.

Según el informe mensual, las 28 nuevas detenciones contrastaron con siete salidas de la lista: tres por cumplimiento de condena, una excarcelación, dos destierros forzados y el fallecimiento de Brieva Sempé. Prisoners Defenders advirtió que estas liberaciones no alcanzan para revertir la tendencia al alza en el número de presos políticos.

La muerte de Ernesto Brieva Sempé y el estado de salud de los presos

Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, murió el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este, según la organización, por falta de atención médica adecuada. Brieva padecía una enfermedad renal crónica y desnutrición grave; los tratamientos de hemodiálisis no se realizaron con la frecuencia necesaria y Medicina Legal atribuyó la causa de muerte al "daño múltiple de órganos", consignó el informe. Con su fallecimiento suman seis los presos políticos muertos bajo custodia o responsabilidad del Estado desde 2023, entre ellos Luis Barrios Díaz y Yosandri Mulet.

Prisoners Defenders identificó además a 449 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones carcelarias y a 52 con trastornos mentales severos sin tratamiento apropiado. La organización calificó la situación sanitaria dentro de las prisiones como una emergencia humanitaria.

Represalia en Holguín y detenciones por protestas

La mayor operación represiva reportada en mayo tuvo lugar en Holguín, tras las protestas pacíficas del 19 de mayo en Antilla, que derivaron en 14 nuevas detenciones. Entre los apresados figuran cuatro miembros de la familia Thope.

La primera detenida de esa serie fue Yaquelín Thope Infante, de 54 años, arrestada el 20 de mayo sin orden judicial mientras presentaba fiebre. Testimonios recogidos por Prisoners Defenders relatan que, la madrugada del 22 de mayo, agentes irrumpieron en el domicilio de la familia, derribaron la puerta y, al no hallar al hijo buscado, detuvieron a Léster Osvaldo Martínez Vásquez y a Rafael Batista Infante, este último con graves trastornos mentales y alcoholismo crónico. Los propios agentes habrían indicado que ambos serían liberados sólo si Israel Espinosa Thope se entregaba, por lo que la presión sobre la familia terminó con su presentación ante las autoridades.

También fue detenida Yamilka Mora, activista de Holguín conocida por su trabajo comunitario, quien habría sido arrestada el 22 de mayo sin orden formal luego de ser citada por la Policía Política. Prisoners Defenders señaló que su detención fue represalia por publicaciones sobre la protesta y que no se han comunicado cargos oficialmente.

Represión dirigida contra mujeres y casos emblemáticos

El informe dedicó un apartado a la intensificación de la represión contra mujeres. Entre los casos citados figura Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de Matanzas, detenida a mediados de mayo mientras esperaba transporte para ir al hospital de Cárdenas; su familia dijo que la detención fue por fotografiar un cartel con la consigna "Abajo la dictadura".

También se documentó la vuelta a prisión de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, detenida junto a su padrastro en protestas vecinales en Arroyo Naranjo, en La Habana, por cortes prolongados de agua y luz. Según testimonios familiares, Yunaiky intervino para defender a un menor agredido por la policía; las autoridades revocaron un beneficio de excarcelación que le había sido concedido en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen. Familiares y la presa denunciaron golpes, asfixias y convivencia en celdas con hombres; Yunaiky, condenada originalmente a 14 años por "sedición" y luego reducida a 8 por el Tribunal Supremo Popular, inició una huelga de hambre y sed el 5 de junio. Sus allegados afirmaron que las autoridades la amenazaron con internarla en el hospital psiquiátrico Mazorra.

En otro caso, Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos, fue condenada a dos años por un presunto delito de "Atentado" tras una supuesta agresión a una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Su padre, el periodista exiliado Armando Campuzano Guyón, denunció que la sentencia es represalia por su activismo y la publicación de su libro; tras la ratificación de la pena, Wendolín inició una huelga de hambre y permanece incomunicada, señalaron desde su entorno.

Persecución por vínculos diplomáticos, redes sociales y condiciones penitenciarias

El informe recoge asimismo detenciones por supuestos vínculos con diplomáticos o por críticas en redes. Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años de Artemisa, fue arrestado sin orden y acusado de "propaganda contra el orden constitucional" por haber recibido en su casa al entonces jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, según familiares. Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido en su lugar de trabajo y trasladado a Villa Marista por videos y publicaciones donde denunciaba apagones y escasez; desde la cárcel Valle Grande denunció interrogatorios prolongados, privación de sueño y malos tratos.

Prisoners Defenders describió condiciones degradantes en prisiones como Valle Grande: hacinamiento, reclusos obligados a dormir sobre sacos o en el suelo por falta de colchones, plagas de insectos, escasez de agua potable y raciones insuficientes. La esposa de Chang, Susana Romero, comprobó el grave deterioro físico del detenido durante una visita.

Menores en prisión y medidas internacionales

El informe alertó sobre dos menores recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila. Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, estaría en la enfermería del penal tras contraer hepatitis y sin traslado a un hospital, con pérdida de peso y agresiones denunciadas por familiares. Jonathan David Muir Burgos, también menor, fue detenido en el contexto de protestas por falta de servicios básicos y acusado de "Sabotaje"; según su familia, fue trasladado a Canaleta sin aviso y sufre tratos crueles, colchones infestados de chinches y falta de atención pese a condiciones de salud que incluyen hipoglucemia e inmunodeficiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 24 de abril de 2026, al considerar que sus derechos enfrentan riesgo de daño irreparable.

Excarcelaciones oficiales y cifras globales

El 25 de mayo el régimen publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria un listado de 2.010 presos beneficiados con medidas de excarcelación, presentado como un "gesto humanitario y soberano". Tras su análisis, Prisoners Defenders identificó solo a dos personas en esa lista como presos políticos documentados por la organización: Iván Leydis Acosta Matos y Kevin Lay Laureiro Rojas; el primero figura en el listado pero continúa privado de libertad, mientras que el segundo sería el único con excarcelación efectiva, aunque bajo amenazas.

Con datos cerrados al 31 de mayo, la organización divide el total en 769 Convictos de Conciencia, 475 Condenados de Conciencia y 37 Otros Presos Políticos. En los últimos 12 meses —del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026— se registraron 240 nuevas detenciones, un promedio de 20 por mes. Desde el 1 de julio de 2021, Prisoners Defenders contabiliza 2.076 presos políticos en menos de cinco años. De los 1.281 presos actuales, 147 son mujeres y 34 fueron detenidos siendo menores de edad; 217 manifestantes fueron condenados por sedición con una pena media estimada de 10 años.

La organización concluye el informe con un llamado de atención sobre la situación sanitaria y el impacto en familias, incluidos niños sin cuidado tras la detención de sus madres, y advierte que las medidas puntuales de excarcelación no detienen la dinámica represiva. Prisoners Defenders sigue documentando casos y solicita vigilancia internacional sobre la protección de los derechos humanos en las prisiones cubanas.